El nuevo régimen de Familiar de Español/a (RD 1155/2024): una medida necesaria atrapada en la burocracia digital

El nuevo régimen de Familiar de Español/a, introducido por el Real Decreto 1155/2024, llegó como una medida esperada y necesaria. Su objetivo: simplificar y dar seguridad jurídica a miles de personas en proceso de regularización.
Sin embargo, en la práctica nos enfrentamos a un cuello de botella crítico: la desconexión sistémica entre las Oficinas de Extranjería y el SEPE.

Un sistema que sobre el papel funciona… pero no en la realidad

La normativa (artículo 97.6 del RD 1155/2024) es clara y razonable: se concede un permiso de trabajo temporal mientras se resuelve el expediente, fijando un plazo máximo de resolución de dos meses.
En teoría, todo encaja. Pero en la práctica, el sistema falla.

¿Qué ocurre cuando esos dos meses transcurren sin resolución?
Entra en juego el silencio administrativo, y ahí surge el verdadero problema: el SEPE interpreta ese silencio como la caducidad del permiso temporal.
El resultado es devastador: tanto el solicitante como el empleador quedan en un limbo legal y laboral.

El problema no es el funcionario, es el sistema

Conviene subrayarlo: el origen de este conflicto no está en los funcionarios públicos.
De hecho, muchos son las primeras víctimas de un sistema saturado, con falta crónica de personal y herramientas de comunicación obsoletas entre administraciones.

El adversario real no es la persona detrás del mostrador.
El adversario es la burocracia ineficiente.

La solución: tecnología e interoperabilidad administrativa

La salida no pasa únicamente por más recursos humanos (aunque son imprescindibles), sino por mejores sistemas tecnológicos.
Urge implementar una “pasarela de datos” automática entre Extranjería y SEPE —y, si es posible, entre todas las administraciones—.

La lógica es sencilla:
Si un expediente sigue “EN TRÁMITE” en Extranjería, el permiso de trabajo asociado debería mantenerse vigente automáticamente en las bases de datos del SEPE.
Esto aportaría seguridad jurídica, reduciría cargas administrativas y evitaría perjuicios a trabajadores y empresas.

Conclusión: invertir en interoperabilidad es proteger derechos

No podemos permitir que la falta de coordinación digital frene la integración laboral ni perjudique a las empresas que apuestan por la legalidad.
Ha llegado el momento de exigir una inversión real en interoperabilidad administrativa, una apuesta por la eficiencia, la seguridad jurídica y la protección del ciudadano.

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En José Torres Abogados somos especialistas en Derecho de Extranjería y Laboral.
Si estás afectado por esta situación o necesitas orientación sobre el régimen de Familiar de Español/a, podemos ayudarte.

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